viernes, 9 de septiembre de 2011

Empieza el curso, empieza el cambio

Empieza el curso político marcado por la ya inminente y anunciada convocatoria de elecciones generales para el próximo 20 de noviembre.

Después de un mes de agosto en el que nos hemos desayunado con noticias alarmantes respecto a la economía, acabamos también con un dato nuevamente preocupante: y es que el desempleo vuelve a subir.

La situación a la que nos ha llevado el Gobierno socialista, con sus continuos errores, con su política improvisada, con la negación de la crisis cuando ésta era más que evidente, y, sin tomar las medidas que requería la economía española, ha traído como consecuencia un escenario que sólo se puede solucionar con un cambio de política radical, centrado en reactivar la economía y la creación de empleo.

La reforma constitucional para limitar el déficit es un paso importante que ya había pedido el Partido Popular, y al que el partido socialista se había negado. De hecho, la ley de Estabilidad presupuestaria, algo tan sencillo y de sentido común, que es que no se puede gastar más de lo que se ingresa, había sido aprobada cuando gobernó en España el Partido Popular. Poco después, los socialistas, la derogaron, y así nos ha ido.

Y parece que la presión del Banco Central Europeo, y el peligro de que no se pueda comprar deuda española, han hecho recapacitar al actual presidente del gobierno en el tramo final de su mandato.

Por esta razón, Zapatero ha cedido finalmente a las reivindicaciones europeas y a lo que el Partido Popular le venía reclamando desde hacía tiempo. Los populares hemos defendido y defendemos con tesón esta reforma constitucional, porque la consideramos necesaria, oportuna y responsable. Su cumplimiento obliga a un necesario rigor presupuestario –y, como muchas familias españolas ya vienen aplicando-, obliga al gobernante a no gastar lo que no se tiene. También anticipa la independencia económica que el Partido Popular reivindica, ya que la contención de la deuda evita que la economía española esté en manos extranjeras. Estamos convencidos que esta reforma reforzará la coordinación entre las administraciones, ya que exige a las comunidades autónomas exactamente lo mismo que al estado, con un amplio margen normativo para que cada comunidad lo dote de efectividad. La reforma implica, con toda seguridad, la garantía del Estado del Bienestar, ya que no puede haber política social sin política económica, ni viceversa –porque, sosteniendo un endeudamiento ilimitado, existe el peligro de olvidarse de los más débiles-. Ya que hablamos de política social, quisiera hacer un inciso sobre la nefasta gestión, por parte de la Generalitat de Catalunya, herencia del tripartito, del PIRMI. El Gobierno de CiU ha demostrado una gran falta de profesionalidad durante estos 7 meses de inactividad en la gestión de la Renta Mínima de Inserción que en este momento de gran crisis económica y social, es inaceptable. Proponemos, desde el partido Popular una auténtica reforma integral de la RMI, que realmente dé prioridad a los más desfavorecidos.

De todos es conocido que, la reforma constitucional ha abierto una brecha en el seno del propio partido Socialista y, muy especialmente, con la disconformidad manifiesta del candidato socialista a la presidencia del gobierno, que estaba en desacuerdo con esta medida, aunque finalmente haya tenido que acatar las órdenes de su partido.

Los convergentes, por su parte, llegan a las elecciones radicalizando sus posturas, y negándose a votar en el Congreso, -algo realmente insólito- y que les puede pasar factura si continúan en esta línea. Su único objetivo, en declaraciones del propio señor Duran Lleida, es conseguir que el PP no obtenga la mayoría absoluta en las próximas elecciones.

Los nacionalistas de CIU sólo pueden aspirar a completar mayorías, a ejercer la fuerza con unos escaños que pueden ser decisivos. Ven, obviamente, peligrar esa posición, porque los ciudadanos, en estos momentos, lo que piden a gritos es un cambio de gobierno. Pero quieren –queremos- un cambio sólido, fuerte, capaz de sacar a este país de la crisis económica, social e institucional en la que nos ha hundido el gobierno socialista.

Los catalanes ya estamos hartos de experimentos, y queremos un partido cohesionado. Está claro que el PSC, en plena descomposición, no lo es. Cada cual va por su lado. No se sabe quien dirige el partido en Catalunya, sencillamente, porque no hay nadie que lo haga.

Siempre se ha dicho que la primera premisa para reactivar la economía es la confianza. Pues bien, en estos momentos, el único partido que inspira esa confianza demandada por los ciudadanos, es el Partido Popular, y por eso, el PP es la única opción posible para ese cambio tan necesario.

Dolors López
Presidenta del PP de Lleida y diputada al Parlament de Catalunya